boletín temático

Con objeto de que los diputados de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) trabajaran sin contratiempo alguno, y sin la presión de los ciudadanos manifestantes, granaderos cercaron el recinto legislativo, impidiendo el tránsito vehicular y peatonal por las calles de Allende, Donceles, República de Cuba y República de Chile. El motivo: la ALDF dictaminaría sobre tres debatidas reformas, trascendentales para los ciudadanos y para la reactivación económica de la ciudad, dice la exposición de motivo de la propuesta enviada a los diputados: la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Desarrollo Urbano.

En cuanto a la Ley de Desarrollo Urbano (LDU), de todos los grupos parlamentarios sólo el del PAN cuestionó el contenido y sus diputados votaron en contra. El PRD, con PT, PRI y PVEM sumaron 45 votos a favor. El dictamen de Ley, que el diputado perredista Guillermo Sánchez (presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF), presentara en Tribuna, fue aprobado. Sánchez Torres explicó que esta ley garantiza la participación ciudadana, salvaguarda las facultades de la ALDF y establece que las atribuciones del GDF no sean amplias e ilimitadas en materia de desarrollo urbano.

Es preciso conocer la naturaleza de las modificaciones para determinar si realmente ofrece las bondades que asegura el diputado Sánchez. La realidad es que las modificaciones van exactamente en otra dirección, ya que abren al gobierno de la ciudad una gran licencia para realizar cambios de uso de suelo de manera autoritaria pero encubierta.

Actualmente, cualquier cambio de uso de suelo requiere una consulta vecinal y la aprobación de la ALDF. La nueva LDU, por publicarse en gaceta oficial de gobierno, conserva la obligación de consultar a los vecinos antes de cualquier modificación a los programas delegacionales de desarrollo urbano (PDDU).

Pero en esta nueva ley se incluye una figura de intervención denominada “Áreas de Gestión Estratégica” para destinar zonas o corredores estratégicos para la economía e inversión, sin que ello implique cambiar los PDDU, las cuales serán aprobadas por los diputados. La nueva ley abre la puerta para regularizar predios en suelo de conservación, que se fueron creando por invasiones en pequeña y gran escala, bajo la figura de “áreas de transición”. Con la nueva legislación se crearán los comités técnicos de modificación a los programas de desarrollo urbano, que dictaminarán las solicitudes de cambio a los programas, y el de límites del Distrito Federal.

Ahora bien, la nueva ley a pesar de conservar el hecho que los vecinos intervengan en las decisiones del desarrollo urbano, si bien no todas se refieren única y exclusivamente al uso de suelo, propicia que las modificaciones a éste último –que son las que más impacto negativo traerán en las condiciones de vida de los habitantes del DF–, se realicen sin apego al más mínimo ejercicio democrático.

Al respecto, si bien los vecinos podrán conocer las modificaciones al uso de suelo promovidas tanto por un vecino, dueño, particular, el delegado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) o el propio jefe de gobierno del DF, la participación ciudadana en lo que se ha denominado Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano, será ínfima y no tendrá poder de decisión alguno. Definitivamente se trata de un des-empoderamiento ciudadano en el DF.

Este comité técnico, en el que el GDF tendrá amplia mayoría, quedaría integrado de la siguiente manera: los titulares de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Transportes y Vialidad y Protección Civil; la Consejería Jurídica y el Sistema de Aguas; el o los delegados correspondientes; nueve diputados de la Comisión de Desarrollo Urbano de la ALDF, y cuatro representantes vecinales, los cuales tendrán voz, pero no voto.

Para realizar un cambio de uso de suelo se deberán seguir varios pasos. Para la modificación de programas y usos del suelo urbano en predios particulares, destinados al comercio, servicios de bajo impacto urbano o a micro y pequeña industria, el interesado deberá hacer su solicitud ante la Seduvi; la dependencia tendrá que dar su fallo en un plazo máximo de 20 días, a partir de que Seduvi recibe y manda la propuesta al Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable del Distrito Federal para su dictamen. Una vez devuelto a la Seduvi, ésta deberá remitir al jefe de gobierno el proyecto de modificación con su respectivo expediente técnico.

Posteriormente, el jefe de gobierno lo presentará a consideración de la ALDF, la cual tendrá un plazo máximo de 40 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la modificación, para resolver y, en su caso, notificar observaciones y devolver la modificación con su expediente técnico al jefe de Gobierno. “Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Asamblea no resuelve o no notifica al jefe de Gobierno sus observaciones, se entenderá que la modificación ha sido aprobada y el jefe de Gobierno procederá a promulgarla y publicarla en la Gaceta Oficial del DF”.

La ALDF debe aprobar dentro de alguno de sus dos periodos ordinarios de sesiones anuales (del 15 de marzo al 30 de abril y del 15 de septiembre al 31 de diciembre). La norma obliga a la ALDF a responder al solicitante del cambio, de lo contrario procederá el recurso de “afirmativa ficta”, una temporalidad para que se resuelvan las peticiones de cambio de uso de suelo enviadas por el mandatario local.

La regla quedó inscrita en el artículo 38, párrafo XVII, donde se indica que la ALDF contará con 40 días para resolver o hacer observaciones, más 20 correspondientes a la segunda opción. Con esto, si bien los legisladores lograron mantener sus facultades en materia de cambios de uso de suelo, su labor quedó sujeta a la “afirmativa ficta”, y a que la omisión resulte favorable al solicitante.

Para Guillermo Sánchez, con estos cambios se obliga a los representantes populares a no dejar en el olvido ninguna iniciativa. Sin embargo, deja en el olvido la participación ciudadana en las cuestiones que inciden directamente en sus condiciones de vida. 

También deja en el olvido el papel de los representantes electos por el pueblo de los legisladores, ya que pasaran a ser una agencia de aprobación de modificaciones de uso de suelo, previamente decididas en el gobierno central, sin que la ALDF signifique un contrapeso y defensa de las causas de la ciudadanía.